QUITO, 11 de junio de 2026 – La madrugada del 24 de septiembre de 2016, en el norte de Quito, la vida de Pablo Andrés Aguilar fue apagada por una bala disparada por agentes del Estado. Durante diez años, el aparato represivo intentó convertir la ejecución en un «accidente de tránsito», utilizando la revictimización y el control de la narrativa para enterrar el crimen. Sin embargo, la sentencia de junio de 2026, que condena a los uniformados a 17 años y 4 meses de prisión, ha puesto en evidencia que el andamiaje institucional (peritajes, balística y video) es, precisamente, el que los incrimina.

Resulta cínico que el Ministerio del Interior, liderado por funcionarios que han optado por la confrontación abierta, ignore las pruebas presentadas por sus propios departamentos técnicos para sostener la tesis de la «legítima defensa». Al anunciar que el Estado asumirá la defensa técnica de los sentenciados, el Ejecutivo no está protegiendo a servidores públicos; está enviando un mensaje peligroso: la lealtad corporativa hacia la fuerza pública está por encima de la vida y del debido proceso. Esta postura no busca seguridad, busca perpetuar un sistema donde la extralimitación es la norma y la rendición de cuentas es vista como una «persecución».

La insistencia del Gobierno en situar este caso en el marco del discurso actual contra el crimen organizado es una manipulación burda. Los hechos ocurrieron hace una década, en un país radicalmente distinto, pero hoy se utilizan como bandera para justificar el desmantelamiento de la independencia judicial. Al señalar con nombre y apellido a los juzgadores, el poder político ejerce violencia contra el sistema de justicia, intentando imponer un modelo autoritario que exime a sus aparatos represivos de cualquier control civil. Esta práctica no es nueva ni será la última; es el funcionamiento esperado de un andamiaje jurídico diseñado para proteger la impunidad, donde el ciudadano es reducido a una amenaza y el Estado actúa como juez y verdugo.

La persistencia de Nancy Maribel Espinoza Romero ha sido un ejercicio de dignificación frente a una institución que opera como una estructura de encubrimiento. La defensa pro bono del caso, sostenida por el Dr. Wilson Velasteguí, subraya la soledad de la víctima frente a la maquinaria estatal que financia a sus verdugos con dinero de la ciudadanía. Denunciar esta realidad es un acto de soberanía; es reconocer que el Estado policial que nos quieren vender no garantiza nuestra protección, sino nuestra sumisión ante la fuerza desmedida.

Ahora, la respuesta del Gobierno es la confirmación de una política de la vulneración de derechos: el Ministerio del Interior, John Reimber, ha pasado a la ofensiva, no para pedir perdón, sino para perseguir a los jueces y jueces que osaron aplicar la ley. Al asumir la defensa técnica de los condenados, el Ejecutivo envía un mensaje peligroso: la lealtad corporativa hacia la fuerza pública está por encima de la vida y el debido proceso. Esta injerencia directa es una afrenta al poder popular y una amenaza latente para cualquier ciudadano que enfrente la arbitrariedad policial.

No estamos ante «manzanas podridas», estamos frente a una estructura de poder que protege la extralimitación bajo el discurso de la seguridad. La lucha de la familia Aguilar Espinoza es hoy una bandera de resistencia contra el Estado policial que pretende normalizar el uso letal de la fuerza como herramienta de control social.

La justicia no nos será otorgada, la arrancaremos mediante la movilización y la solidaridad. La impunidad se alimenta del olvido y de la fragmentación de nuestras luchas. Te invitamos a conocer de primera mano los detalles legales y la estrategia de resistencia detrás de este proceso en la siguiente entrevista con el equipo legal del caso: https://www.youtube.com/watch?v=JHPwue7gALo. Que esta sentencia sea solo el comienzo de la rendición de cuentas. ¡La resistencia es nuestra única garantía de justicia!