SANTA ELENA, 11 de junio de 2026 – La resolución de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena no solo es un revés jurídico; es la cristalización de una estrategia deliberada para invisibilizar el horror. Al negar el habeas corpus correctivo a Omar Campoverde, el sistema judicial ha optado por validar la narrativa del Estado, calificando las denuncias de tortura y agresiones sexuales como meras maniobras de «falta de adaptación» al centro de privación de libertad. Es el Estado autoproclamándose juez y parte, reduciendo la integridad física de una persona a un expediente administrativo que, convenientemente, carece de «pruebas» que ellos mismos se niegan a investigar.

Como bien señaló Sybel Martínez, defensora de derechos humanos y activista social, estamos ante una negligencia institucional criminal. Cuando un ciudadano bajo custodia estatal alza su voz para denunciar tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Estado tiene la obligación ineludible de abrir procesos de investigación transparentes y garantizar protección efectiva. En lugar de eso, la respuesta ha sido la revictimización: se le dice a la víctima que miente, se bloquea el acceso a peritajes independientes y se desestiman las evidencias de un cuerpo que ha sido utilizado como campo de batalla del poder securitista.

Este fallo no es un error judicial; es una pieza más en el engranaje de control que busca doblegar a quienes resisten. La supuesta «falta de pruebas» que argumenta la Corte es, en realidad, el resultado de una obstrucción deliberada por parte del SNAI y las instituciones encargadas de la custodia. No puede exigirse pruebas técnicas en un entorno donde el Estado controla el acceso a la verdad y donde se ha omitido la aplicación de protocolos mínimos como el «Código Púrpura» ante denuncias de abuso sexual.

La soberanía sobre el propio cuerpo y la dignificación de la vida no pueden quedar supeditadas a la conveniencia política de turno. El ensañamiento contra Omar Campoverde, denunciado en su intervención telemática, trasciende su individualidad; es una advertencia contra toda forma de rebeldía organizada. El Estado pretende normalizar que las cárceles sean espacios donde la integridad humana es prescindible y donde la voz de los disidentes se entierra bajo la burocracia del silencio.

No permitamos que este caso se archive en la impunidad. La dignidad de Omar es inquebrantable, y la nuestra, como colectivo, exige continuar denunciando este laboratorio de control. Hacemos un llamado a la movilización, a la vigilancia internacional y a la solidaridad activa. La justicia que no protege es un mecanismo de opresión, y nuestra resistencia apenas comienza.

Registro del testimonio de Omar Campoverde: