Pegasus es un software de infiltración militar desarrollado por la empresa israelí NSO Group, capaz de tomar el control absoluto de un dispositivo móvil mediante ataques zero-click que no requieren interacción alguna por parte de la víctima. Basta una llamada no contestada o un mensaje invisible para que micrófonos, cámaras, archivos cifrados y ubicaciones en tiempo real queden expuestos. Su presencia en Ecuador es profundamente alarmante porque no representa un hecho fortuito, sino la reactivación de un aparato de vigilancia política diseñado para cercenar la organización comunitaria y la labor de fiscalización.

Entender la gravedad de este spyware exige nombrar sus orígenes sin eufemismos: Pegasus es un arma de la entidad sionista y del imperialismo global. La tecnología que hoy se despliega en los teléfonos de activistas y representantes políticos latinoamericanos forma parte de la industria de la muerte y el control poblacional, ensayada y perfeccionada en el laboratorio de la ocupación militar contra el pueblo palestino. El régimen israelí no solo exporta herramientas de laboratorio bélico; vende la doctrina del rastreo masivo, asociándose con corporaciones de la nube y firmas de inteligencia estadounidenses para proveer a los gobiernos de la región con un ecosistema de represión llave en mano.

Las denuncias públicas presentadas por Jairen Noriega y Gabriela Panchana tras recibir alertas de vulneración técnica por parte de Apple demuestran que el espionaje en el país ha alcanzado un nuevo umbral. Estos avisos no son especulaciones políticas; son registros forenses que confirman la presencia activa de la herramienta en territorio nacional. Sin embargo, reducir el problema a dos figuras públicas invisibiliza el fondo de la cuestión: el espionaje estatal contra el movimiento popular, los defensores de la tierra y los comunicadores independientes no es una novedad en Ecuador, sino una práctica histórica reconfigurada según los intereses de los sectores dominantes.

Quienes sostienen la memoria de las luchas sociales recuerdan la compra del software Galileo a la firma italiana Hacking Team en 2014, utilizado para monitorear a defensores de derechos humanos y opositores. La transición hacia Pegasus refleja un salto cualitativo en la sofisticación técnica, pero mantiene intacta la lógica del poder central: considerar cualquier disidencia o articulación comunitaria como una amenaza a la seguridad nacional. Lo que antes operaba desde la sombra hoy busca cobijarse en la legalidad burguesa mediante marcos normativos diseñados a la medida de la impunidad estatal.

El 10 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos la Ley Orgánica de Inteligencia, institucionalizando el Sistema Nacional de Inteligencia. Pese a las advertencias de diversas organizaciones sobre el riesgo de recolección masiva de datos sin supervisión judicial, el oficialismo blindó la norma. En la práctica, la ley faculta la reserva absoluta sobre los gastos destinados a la compra de licencias de espionaje y califica la supervisión de estas actividades como materia de secreto de Estado. La falta de transparencia sobre quién adquiere, opera y selecciona los objetivos de Pegasus no constituye un vacío legal, sino el diseño deliberado de una estructura de persecución inauditable.

Este engranaje se complementa con la dependencia tecnológica de corporaciones monopólicas. La fragmentación del sistema operativo Android y la exclusión económica convierten la seguridad digital en un privilegio de clase: las alertas y los registros de intrusión están reservados para quienes pueden costear dispositivos de alta gama, dejando a la inmensa mayoría de militantes, sectores campesinos e indígenas en una situación de indefensión absoluta frente al monitoreo de metadatos y la vigilancia de red.

Frente al despliegue del espionaje estatal y la complicidad corporativa, la respuesta no vendrá de las instituciones del Estado ni del paternalismo de las grandes ONG internacionales. La única garantía de resguardo radica en la autodefensa digital colectiva entendida como una dimensión indispensable de la lucha de clases y la soberanía popular. Cifrar nuestras comunicaciones, desacoplar nuestras estructuras organizativas de las plataformas del gran capital y promover la formación técnica comunitaria son tareas inmediatas para blindar los territorios en resistencia.

Disputarle el terreno tecnológico al imperio es defender la vida, la tierra y la dignidad de los pueblos en lucha.