La Universidad Intercultural Amawtay Wasi no es solo una institución de educación superior. Es el resultado de décadas de lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas por construir un espacio propio de formación, investigación y producción de conocimiento desde sus territorios, sus lenguas y formas de comprender el mundo. Hoy ese proyecto enfrenta una nueva amenaza: un proceso de intervención estatal que, bajo el discurso de la “normalización” y el cumplimiento administrativo, pone en riesgo su autonomía y su razón de ser.

La vicerrectora académica, Ana Cristina Benavides, ha señalado que lo que el Consejo de Educación Superior (CES) presenta como una medida de corrección es percibido por la comunidad universitaria como un intento de intervenir un proyecto construido desde la autodeterminación de los pueblos. Más que un debate técnico, sostienen, se trata de una disputa sobre quién tiene el derecho a definir qué conocimientos son válidos y cómo debe organizarse una universidad intercultural.

La disputa por el conocimiento

El conflicto trasciende los procedimientos administrativos. Para muchos sectores, la intervención representa una forma de control sobre un modelo educativo que ha buscado fortalecer los saberes ancestrales y el vínculo entre universidad, comunidad y territorio.

Desde esta perspectiva, las observaciones realizadas a la gestión institucional, así como las denuncias que han acompañado el proceso, son interpretadas como parte de una estrategia que debilita la autonomía de la Amawtay Wasi y abre la puerta a una reorganización desde criterios externos a su proyecto fundacional.

La experiencia de la Amawtay Wasi ha demostrado que la educación puede responder a otras lógicas, donde el conocimiento no se entiende únicamente como un recurso para el mercado, sino como una herramienta para fortalecer la identidad, la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos.

Un momento de definición

Quienes defienden la universidad sostienen que este no es únicamente un conflicto administrativo. Lo consideran una discusión sobre el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y sobre la posibilidad de mantener un sistema de educación superior verdaderamente intercultural y plurinacional.

En ese contexto recuerdan que la Constitución reconoce, en su artículo 98, el derecho a la resistencia frente a acciones que puedan afectar derechos constitucionales. Desde esa lectura, la defensa de la Amawtay Wasi se convierte en la defensa de un proyecto educativo construido durante años mediante el diálogo, la organización y la participación de las comunidades.

Por ello hacen un llamado a estudiantes, docentes, organizaciones sociales y ciudadanía a mantenerse vigilantes y a respaldar la autonomía de la universidad. La defensa de la Amawtay Wasi, sostienen, no solo busca preservar una institución, sino proteger un modelo de educación que reconoce la diversidad cultural, fortalece los saberes propios y amplía las formas de comprender y transformar la sociedad.