Hoy, el país y la comunidad internacional han sido testigos de una de las denuncias más graves y alarmantes en materia de derechos humanos de la historia reciente del Ecuador. Durante su audiencia de apelación oral, el preso político y militante social Omar Campoverde rompió el silencio institucional para denunciar públicamente que está siendo sometido a un régimen de terror, aislamiento, y tortura sistemática al interior de la denominada «Cárcel del Encuentro».
El testimonio de Omar no solo describe un aislamiento absoluto, privación de alimentos y prohibición de ver a sus familiares y abogados. También incluye la denuncia formal de haber sido víctima de violencia sexual, según afirmó, por parte de dos miembros plenamente identificados del Ejército ecuatoriano. Mientras estas líneas se escriben, su equipo legal presenta las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, este horror, no es un hecho aislado. Es el desenlace de un largo proceso de criminalización, montajes judiciales y deshumanización de la disidencia política en el Ecuador.
Para entender cómo Omar Campoverde terminó en un centro de máxima seguridad y aislamiento, es necesario remontarse a mayo de 2022. En el contexto de una profunda crisis social y a las puertas de un levantamiento indígena, el gobierno de Guillermo Lasso y la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo mediático y policial contra el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL).
Detenidos bajo acusaciones desproporcionadas de «delincuencia organizada» y «trata de personas con fines de reclutamiento armado», el Estado intentó instalar la narrativa de una supuesta célula guerrillera vinculada a grupos extranjeros. No obstante, las «evidencias» presentadas por la Fiscalía desnudaron la verdadera naturaleza del caso: libros de teoría política, banderas de izquierda, megáfonos y material de educación popular.
Lo que el Estado ecuatoriano persigue y juzga no son actos delictivos, sino la militancia social de base, el pensamiento crítico y la organización comunitaria en barrios populares y comunidades.
La fragilidad del montaje fiscal quedó en evidencia en abril de 2023. Tras meses de prisión preventiva en condiciones carcelarias extremas, un Tribunal de Garantías Penales dictó una sentencia unánime: se ratificó el estado de inocencia de Omar Campoverde y otros cuatro militantes por la ausencia total de pruebas reales que sustentaran los graves cargos de la Fiscalía.
En un país con un sistema de justicia transparente, la libertad debió ser inmediata y definitiva. No obstante, el aparataje penal del Estado activó recursos de apelación y maniobras burocráticas para prolongar el proceso, manteniendo en un limbo jurídico a los procesados.
Esta estrategia de persecución continuada permitió que, en el marco de la militarización y la reestructuración carcelaria de los últimos meses, Omar Campoverde fuera trasladado de forma arbitraria a la «Cárcel del Encuentro», un penal de aislamiento severo diseñado conceptualmente para los criminales y capos de bandas más peligrosos del país, no para militantes sociales cuya inocencia ya había sido dictaminada en primera instancia.
El uso de la tortura y la violencia sexual como armas del Estado
Lo denunciado hoy por Omar Campoverde trasciende el debate procesal y entra de lleno en el terreno de los crímenes de lesa humanidad. De confirmarse los hechos, el Estado ecuatoriano, a través de las Fuerzas Armadas que custodian el recinto carcelario, está utilizando la tortura física y psicológica, el hambre y la violencia sexual como mecanismos de castigo, disciplinamiento y destrucción de un sujeto político.
El uso de la violencia sexual por parte de agentes estatales contra prisioneros políticos es una de las prácticas más oscuras de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado; que ocurra hoy en el Ecuador, bajo el amparo de estados de excepción y discursos de seguridad nacional, demuestra una degradación moral e institucional intolerable para cualquier sociedad que se pretenda democrática.
El equipo de defensa de Omar Campoverde ha iniciado de inmediato acciones legales para exigir una investigación y medidas de protección. Sin embargo, dada la gravedad de la situación y el riesgo inminente en el que se encuentra su vida tras haber alzado la voz, la respuesta no puede ser puramente formal.
Organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, colectivos populares y la comunidad internacional deben activar con urgencia los mecanismos de vigilancia e interponer las garantías constitucionales necesarias incluido el Hábeas Corpus.
Se exige:
- Garantías absolutas e inmediatas para la vida y la integridad física y psicológica de Omar Campoverde.
- Acceso irrestricto para sus abogados defensores y veedurías de derechos humanos independientes al interior del centro de reclusión.
- Una investigación transparente, urgente y penal contra los miembros del Ejército denunciados y las autoridades carcelarias responsables por complicidad u omisión.
Frente a la tortura, el aislamiento intencional y la violencia sexual de Estado, la neutralidad es imposible. El silencio de las instituciones y de la sociedad civil frente a este nivel de barbarie no es otra cosa que complicidad.
¡Libertad presos políticos guevaristas!!
¡Justicia para Omar Campoverde!!
Indymedia Ecuador 