Quito, 28 de abril de 2026
Una incautación de aproximadamente ocho toneladas de sustancias relacionadas con ketamina en Ecuador ha derivado en un proceso judicial y en cuestionamientos sobre el control sanitario, la trazabilidad de productos farmacéuticos y el avance de las investigaciones en el país.
De acuerdo con información proveniente de documentos societarios, registros mercantiles y facturación revisados, las empresas vinculadas al caso mantienen actividades relacionadas con la comercialización de productos farmacéuticos, incluidos insumos de uso veterinario . Asimismo, documentación empresarial evidencia operaciones comerciales de ketamina hidrocloruro en distintas cantidades durante los últimos años .
Según fuentes públicas y bases institucionales consultadas, algunos de los productos incautados no constarían en registros sanitarios nacionales vigentes al momento de la revisión, lo que ha abierto interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa de control sanitario en el país. En Ecuador, la comercialización y almacenamiento de medicamentos, incluidos los de uso veterinario, requiere autorización previa de entidades como Agrocalidad y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
Especialistas en regulación farmacéutica señalan que la ausencia de registros sanitarios o de certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) puede constituir una infracción administrativa o penal, dependiendo del contexto y del uso final de las sustancias. Sin embargo, recalcan que estos elementos deben ser determinados por las autoridades competentes en el marco del debido proceso.
En paralelo, se ha presentado una acción constitucional de protección por parte del representante legal de una de las compañías involucradas, proceso identificado con el No. 17981-2026-01374, que se tramita en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe. Esta acción busca la restitución de los bienes incautados, argumentando presuntas vulneraciones de derechos.
Por otro lado, fuentes vinculadas al proceso indican que la Fiscalía ha sido requerida para practicar diligencias adicionales, mientras que informes técnicos solicitados a entidades de control aún estarían pendientes de incorporación al expediente. Este contexto ha generado preocupación entre distintos sectores sobre la celeridad de las investigaciones.
Analistas en seguridad y control de sustancias advierten que la ketamina, aunque tiene usos médicos y veterinarios autorizados, también ha sido identificada en informes internacionales como precursor o insumo en la elaboración de sustancias ilícitas. No obstante, subrayan que cualquier vinculación específica debe ser establecida mediante peritajes y decisiones judiciales firmes.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado la necesidad de garantizar transparencia en el proceso, fortalecer los sistemas de control sanitario y evitar posibles vacíos regulatorios que puedan ser aprovechados por redes ilegales.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento definitivo de las autoridades judiciales sobre la legalidad de los productos incautados ni sobre las responsabilidades en el caso. El proceso continúa en etapa de análisis y resolución.
Nota editorial
*Esta información ha sido elaborada con base en revisión de documentos disponibles, registros públicos y consultas a fuentes abiertas, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
Indymedia Ecuador 