Por: Claudia Vega

“No se dejen manipular” fue la desacertada e indolente respuesta que dio la Ministra de Energía y Minas del Ecuador a las 9 niñas demandantes por el Caso Mecheros, que exigían que se apaguen los mecheros petroleros en la Provincia de Sucumbios Ecuador.

Las niñas demandantes del Caso Mecheros fueron noticia en medios independientes -los medios hegemónicos no dieron cobertura del reclamo- por su lucha, hasta las últimas consecuencias, porque se respete el dictamen de la justicia de apagar los mecheros que queman el gas de la industria petrolera en la Amazonía, principalmente en las provincias de Sucumbios y Orellana.

Para combatir la desinformación de la que son presa aquellos que, al igual que la ministra, tratan de “manipuladas” a las 9 niñas, resulta necesario hacer un recuento de los hechos.

Según la investigación de Antonio José Paz Cardona para Mongabay en la Amazonía ecuatoriana existen al menos 427 mecheros que queman gas desde hace décadas. Las poblaciones que viven alrededor aseguran que esta es una de las principales causas del alto número de casos de cáncer en la zona.

Estos mecheros queman gas natural y funcionan a temperatura promedio de 400 grados centígrados desde hace 50 años, cuando los primeros fueron instalados por la multinacional Chevron – Texaco que perforó el primer pozo comercial en 1967.

Las nueve niñas demandantes denuncian que familiares y amigos padecen de problemas de salud, principalmente cáncer, debido a la contaminación del aire por la quema del gas, varios incluso han perdido la vida.

Hasta 2021 se contabilizaron 251 casos de cáncer, el 71% de ellos en mujeres de las provincias de Sucumbios y Orellana según la Unión de Afectador por Texaco UDAPT y la Clínica Ambiental.

El 20 de febrero de 2020, las niñas presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua argumentando que el impacto de los mecheros vulneran su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En su demanda dijeron que los mecheros han causado daños en la salud de los habitantes de la zona y contaminado el agua lluvia que creían era la única fuente de agua limpia que quedaba.

Esta acción de protección fue negada el mismo año, pues la justicia ecuatoriana aducía que no existían estudios que confirmaran las afectaciones de salud producidas por los mecheros, a lo que las demandantes respondieron que sí existen estudios pero que no fueron hechos por el Ministerio de Salud, lo que también es una prueba de la negligencia del Estado.

La apelación de las niñas no se hizo esperar y después de atrasos y varias reprogramaciones de audiencias se dictó la sentencia favorable para ellas.

La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos declaró que el estado ecuatoriano desconoció el derecho de nueve niñas de vivir en un ambiente sano y que violó su derecho a la salud al no proveer tecnologías limpias que evitaran la contaminación.

Cuatro años han pasado desde el dictamen y las medidas de reparación no se han sido visibles. Razón por la cual el 21 de febrero del presente año las niñas demandantes acudieron a la comparecencia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para conocer cómo avanza el cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, en la que se exigía el retiro paulatino de los mecheros.

Ante la explicación de la ministra Arrobo, que decía que 2 de los 427, mecheros existentes en la Amazonía han sido desmantelados según informes de Petroecuador, las niñas expusieron que en realidad eran 447 y que ahora han aumentado a 486, y con gran indignación reclamaron la falta de responsabilidad del Estado, el desconocimiento y la desidia ante la situación crítica que viven varias familias en la Amazonía ecuatoriana.

En un acto de soberbia, la ministra abandonó la sesión aduciendo que no se “prestaría para esto» e instaba a las niñas a no dejarse manipular. De esa forma desatendió a las demandantes y a otros líderes defensores del ambiente del pueblo Huaorani que se encontraban allí presentes, además la Ministra de Ambiente Sade Fritschi y el Ministro de Salud Franklin Encalada se encontraban ausentes en la comisión.

Este triste hecho, además de ser una muestra de que algunas sentencias se quedan solamente en el papel, pues no existen veedurías posteriores, también da cuenta de la frágil situación de las niñas de nuestro país, que a pesar de ser un grupo vulnerable, el Estado no les garantiza el derecho a la vida, la seguridad, la educación, la alimentación y un largo etcétera. Sino basta con observar las alarmantes cifras de desnutrición, violencia y abandono escolar.

Recientemente el país presenció los violentos asesinatos de las hermanas Briana (3 años) y Génesis (9 años) y de la pequeña Dana (8 años) a manos de sus familiares en Tulcán y Riobamba respectivamente, además el 2023 cerró con 321 asesinatos de niñas y mujeres de los cuales 128 fueron femicidios cometidos por sus parejas o exparejas.  

Además de la violencia estructural que sufren las niñas y mujeres en el país todos los días, la institucionalidad pretende atacar también la legitimidad de las demandas de estas jóvenes mujeres que luchan por el respeto al ambiente y reclaman por las vidas quebrantadas de sus familiares y amigos a causa de la contaminación de la industria petrolera.

Decir que estas niñas responden a la manipulación de partidos políticos es silenciar e invisibilizar la lucha y organización de toda una comunidad que se ha plantado para exigir reparación por las décadas de contaminación y negligencia que han tenido que sufrir a causa del extractivismo en nuestro país. Desmerecer los reclamos porque “esas nos son las formas” solo muestra la indiferencia de funcionarios completamente desconectados de la realidad que han perdido la empatía por el otro, aupados por un Estado que representa y responde a los intereses de la oligarquía empresarial transnacional.

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