Por: Claudia Vega

Después de un aparatoso silencio CFK sale de entre las sombras. Con un documento de 33 páginas la líder de la “oposición” de Milei discute controversiales medidas para resolver la situación económica crítica que vive el pueblo argentino.

En el extenso documento CFK ratifica el problema económico que enfrenta la Argentina pero además hace guiños a la privatización de empresas estatales, a la reforma laboral y hace el llamado a un acuerdo.

En el escrito la ex vicepresidenta desconoce los efectos del abuso de la emisión monetaria y la falta de control sobre el Banco Central, el sistema financiero, las importaciones y exportaciones para evitar la fuga de divisas durante y después de sus mandatos, tampoco hace referencia a la sumisión que tuvo el último gobierno peronista, a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional que se vio reflejada en devaluaciones y ajuste durante la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa como Superministro de Economía. Con Alberto Fernández y Cristina Fernández en el poder, se ratificó el pago de la deuda que Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de haber sido denunciada como la más grande de la historia del país. Si bien Cristina Fernández dice no haber estado de acuerdo con lo que se firmó con el fondo, ni ella ni su espacio político más cercano hicieron algo para evitarlo.

Se inaugura un momento extraño de la política argentina, en el que ideas que antes parecían inconcebibles para determinados espacios políticos autoproclamados de centro izquierda, terminan siendo lentamente procesadas y aceptadas por la militancia y por los referentes.

Propuestas como la flexibilización laboral, la privatización de empresas públicas y la criminalización de la protesta de los trabajadores ya no son controversiales como lo eran otrora, además el llamado que hace Cristina Fernández al acuerdo nacional para enfrentar la crisis, no parece ser otra cosa que la muestra de un alineamiento a la derecha, pues este acuerdo estaría trazado bajo las condiciones de quienes se encuentran ahora en el poder: grandes empresarios nacionales y extranjeros (Techint, Clarín, La Nación, Mercado Libre, Arcor, Cámara Inmobiliaria Argentina y un largo etcétera).

En el documento de 33 páginas la líder peronista no denuncia la brutalidad policial del protocolo antiprotesta de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante la jornada de manifestaciones afuera del Congreso mientras se discutía la Ley Ómnibus. Tampoco hace ningún llamado a la resistencia ni la movilización contra las medidas del gobierno de Javier Milei, que han encarecido de una manera espeluznantemente rápida la vida de miles en el país. Al día de hoy tras apenas 2 meses de mandato el “Plan Motosierra” de Milei ha provocado el ajuste más severo que ha vivido la Argentina durante los últimos 30 años. Los rubros que más se han achicado fueron jubilaciones y pensiones contributivas, subsidios a la energía, inversión real directa y transferencias totales a provincias.

La carta de Cristina Fernández ha dejado un mal sabor de boca pues entre los coqueteos con el gobierno, el desconocimiento de la movilización popular, la luz verde a la precarización laboral parece estarse generando un escenario propicio para que el gobierno de Milei termine de hacer “el trabajo sucio” que ha sido consecuencia de más de ocho años de administraciones que no han buscado combatir las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, sino que al contrario, han enriquecido a determinados sectores empresariales que ahora quieren todavía más riqueza, en desmedro de los trabajadores.

Durante el último gobierno peronista se dio prioridad a la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones antes que a la mejora de la calidad de vida del pueblo, de otra manera no se puede explicar la subyugación total al Fondo Monetario Internacional sin cuestionar o poner si quiera en el debate el acuerdo, menos todavía existió un llamado a la población y a la militancia a plantarse contra estos acuerdos fraudulentos de toma de deuda.

Las continuas devaluaciones y el parche de la emisión monetaria para cubrir el déficit fueron totalmente nocivos para trabajadores que vieron sus sueldos cada vez más reducidos ante el descomunal aumento de la inflación, lo cual terminó en una situación de decadencia tal que hizo que muchos optaran por la ultraderecha como una forma de castigo a un proyecto político que prometió mucho para los trabajadores y entregó poco, pues no hubo voluntad política para frenar los abusos de las empresas ni el robo descarado al bolsillo del pueblo mediante el control real de precios y sanciones para empresas que acaparan y especulan con la mercadería, tampoco se puso cargas impositivas a la banca o los sectores más ricos de la sociedad. El gobierno saliente del que Cristina Fernández formó parte permitió que el peso del ajuste recaiga sobre el pueblo, al puro estilo de las derechas que tanto se criticaban.