por: David Rivadeneira (davidrivadeneira@riseup.net)

El país y sus habitantes atravesamos un momento espeluznante. Fuimos testigos de numerosos actos de terrorismo narcodelincuencial que exacerban el nivel y sensación de violencia, dando una clara demostración de quienes ostentan el verdadero poder.

Las bandas narcodelincuenciales se enquistaron en el Estado y sus instancias policiales y militares no están excentas, casos como Metástasis o el Gran Padrino son muestra de ello. Estos grupos han expresado su odio hacia el país mediante la colocación de explosivos, el secuestro de canales de televisión, el asesinato de civiles, agentes penitenciarios y policías, así como la quema de vehículos particulares, estaciones de despacho de combustibles y una larga lista de atrocidades.

El recrudecimiento de la ola de violencia tiene su punto de partida en un nuevo decreto de Estado de Excepción y la inexplicable fuga de alias «Fito», líder de uno de los grupos de delincuencia organizada más peligrosos, del centro de reclusión donde se encontraba; así como la fuga de «Colón Pico», delincuente asociado a otra banda criminal y acusado por la Fiscalía de planear un atentado contra la Fiscal General, sin que hasta el momento se esclarezca cómo y cuándo se evadió alias «Fito» y, menos aún, se conozca su paradero o el de Fabricio Colón Pico.

En un intento desesperado e infructuoso por recuperar el control del país, Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, declara el Estado de Conflicto Armado Interno, señalando como terroristas a varios grupos delincuenciales y desplegando a militares y policías para patrullar las calles, convirtiéndolos en «jueces», desde lo más profundo de sus prejuicios y resentimientos.

Existen diversas posturas frente a esta acción: muchos abogan por una mano dura para recuperar el control estatal, sin importar los daños colaterales o violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano. Otros señalan al capitalismo y su maquinaria como únicos responsables, por haber empobrecido, marginado y privado de condiciones básicas de vida a niños y jóvenes, que optaron por delinquir como su forma de vida y sustento, enfatizando que, en el fuego cruzado, las primeras víctimas son los pobres, los marginados, los olvidados del sistema.

Esta última reflexión nos lleva a interrogarnos: si los militares y policías «nos cuidan» de la delincuencia, ¿quién nos cuida de ellos?

Pocas horas han pasado desde que iniciaron su accionar sustentado en el último decreto presidencial. En rueda de prensa nos presentaron un informe de sus «logros»; sin embargo, nada se ha dicho de los abusos de poder cometidos por funcionarios policiales en el marco de operativos de control: personas que, incumpliendo el toque de queda, salen a las calles, reciben golpes o son despojadas de su ropa como escarmiento, mientras que otras son amenazadas con ser arrojadas desde puentes por el «delito» de cumplir con el estereotipo de lo que ellos consideran delincuentes.

Desnudar, humillar, patear en la cara y obligar a cantar el himno no resuelve nada. Al contrario, expone que las llamadas fuerzas del orden son parte de la descomposición estatal. Este accionar profundiza el problema.

Entre tanto, el control de las cárceles sigue en manos de las bandas del narcotráfico y continúan libres los grandes capos de dos bandas criminales. ¿Dónde queda el debido proceso?, ¿dónde el principio de inocencia?, ¿dónde queda el Ecuador suscrito a la declaración de los derechos humanos?

No faltarán los extraviados que nos acusarán de «defender delincuentes», aquellos que desde la comodidad de sus hogares llaman a matar a todos esos infractores y a entrar a matar en las cárceles, soñando con el regreso de la época del impresentable León Febres Cordero y sus escuadrones de la muerte. Para nosotros, la respuesta es sencilla: respeto a los derechos humanos.

Miles de dólares invertidos en la formación de militares y policías, de los que nos venden con bombos y platillos su profesionalización, pero cuando deben demostrarla, fallan. Policías y militares tienen protocolos de actuación, que no incluyen tratos humillantes y tortura a civiles desarmados, pero amparados en el decreto ejecutivo, se convierten en jueces que determinen quién es o no criminal.

Las soluciones nunca vendrán a través de la democracia burguesa, sino impulsando lo comunitario, la organización popular, barrial y la unidad de los pueblos empobrecidos. Es momento de organizarnos

¿Entonces, quién nos protege de militares y policías?