Por: Ricardo Naranjo*

Tras la denuncia de distintos sectores de un recorte de USD 128,9 millones al presupuesto para las instituciones de educación superior, el gobierno ha pretendido desmentir esta aseveración y hasta ha dicho que existe un aumento de  USD 58,7 millones. El régimen insiste en que, el error en el cálculo surge de comparar la proforma presupuestaria 2026 con el presupuesto en ejecución de 2025, que siempre es más alto debido a las reformas de agosto (donde se incorporan varios rubros). Sin embargo, esta comparación es mentirosa, porque se limita a una lectura nominal del presupuesto sin considerar el porcentaje real que este rubro tiene sobre el Presupuesto General del Estado (PGE), ni el estancamiento histórico de los rubros que financian la educación superior, ni los recortes directos a las instituciones educativas, so pretexto de “redistribución”. 

Para empezar, la educación superior pública ecuatoriana se financia a través de cuatro montos: El Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), que proviene principalmente del rendimiento del IVA, representa el 83,36 % del total asignado a universidades; la gratuidad equivale al 12,19 %, el funcionamiento al 1,10 % y la compensación al 3,34 %. Por ende, dado el peso del FOPEDEUPO (qué está en la proforma), aunque no se calcula “proforma con proforma” como dice el gobierno, el recorte para la mayoría de universidades es tan grande que, no se va a revertir así se incorporen los otros tres rubros en agosto. Por ende, no es una “redistribución”, es un desfinanciamiento programado de la educación pública. 

El caso de Amawtay Wasi es especialmente grave. La universidad recibió una reducción de USD 8,4 millones (68,93% de su presupuesto), tras perder la asignación directa establecida durante su proceso de institucionalización, pese a que no se presentó información técnica que sustente un recorte tan drástico. Esta medida, a decir de muchos, debe considerarse una retaliación política contra el movimiento indígena. Otras instituciones con los recortes graves son la Universidad Regional Amazónica Ikiam, con una reducción de USD 8,47 millones (−28,71 %), la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que disminuye USD 19,09 millones (−21,36 %); la Universidad Técnica de Cotopaxi, con USD 8,38 millones menos (−22,89 %); la Universidad Estatal Amazónica, que cae USD 6,91 millones (−17,44 %); etc.).

Además, en los hechos, hay reducción puesto que, en 2025 el Presupuesto General (PGE) se proformó en USD 40.961 millones y el FOPEDEUPO en USD 1.199 millones, es decir, representaba cerca del 2,93 %. Mientras que, en 2026 el PGE se estima en USD 46.255 millones y el FOPEDEUPO en USD 1.258 millones. Por lo tanto, baja al 2,72%. También, dos de los demás componentes fundamentales del financiamiento, la gratuidad y el funcionamiento, llevan años congelados: La gratuidad permanece fija en USD 183 millones desde 2015, pese a que la matrícula creció de 150.000 estudiantes en 2015 a aproximadamente 750.000 en 2026, lo que redujo la inversión por estudiante de USD 2.000 a apenas USD 245. Del mismo modo, el rubro de funcionamiento está congelado desde 2020, lo que implica una década sin mejoras significativas en infraestructura, equipamiento, mantenimiento ni fortalecimiento institucional. 

Adicionalmente, no se dice nada sobre la brecha entre recaudación y asignación. Por ejemplo, en 2024 la recaudación del IVA y del Impuesto a la alcanzó USD 9.767 millones y USD 6.639 millones respectivamente, lo que debió traducirse (según la fórmula legal del FOPEDEUPO, que es 10% del IVA y 1% del IR) en una asignación de aproximadamente USD 1.707 millones. Sin embargo, el Estado transfirió solo USD 1.069 millones, generando una brecha de más de USD 638 millones. Esta diferencia revela que, pese al crecimiento tributario, el Gobierno no cumple con los porcentajes constitucionales y mantiene un desfinanciamiento estructural que se arrastra hacia 2025 y 2026.

El problema es aún más grave si se considera que para 2026 se incluyen recortes críticos que afectan directamente la calidad y el funcionamiento de las universidades: La proforma elimina USD 25 millones destinados a investigación científica, dejando al país prácticamente sin financiamiento estatal para producción científica. También recorta USD 10 millones en becas, ayudas económicas y movilidad, y disminuye en USD 60 millones el presupuesto de los Institutos Tecnológicos Superiores financiados por la SENESCYT. Es más, se elimina la tabla de recategorización salarial aprobada en julio de 2025, se cierran proyectos sociales ejecutados por universidades y se aprueba la virtualización forzada de carreras presenciales, una medida que busca reducir costos sin sustento pedagógico. 

A esto se suma el grave hecho de que, por cuarto año consecutivo, el Estado financiará la educación superior con recursos no permanentes (principalmente deuda) a pesar de que la Constitución exige financiamiento sostenible. Por otro lado, la ejecución fiscal 2025 dejó las cuentas de las universidades prácticamente vacías y sin fondos arrastrados para infraestructura o becas. Esto obliga a que la operatividad universitaria dependa de nuevos préstamos del BID o del FMI en los primeros meses de 2026.

Algo que llama la atención es que, a pesar de que la proforma presupuestaria se presentó el 30 de octubre y se aprobó el 29 de noviembre, muchos sectores y autoridades esperaron –recién- a que eso pase para pronunciarse y, lo que es peor, en algunos casos no han dicho nada e, incluso, algunos han salido a respaldar al gobierno. Seguramente, existen intereses creados y acuerdos que impidieron hacer una defensa más decidida de la educación. 

Todo este escenario implica riesgos severos para la universidad ecuatoriana: pérdida de autonomía financiera, deterioro académico acelerado, caída en los indicadores de investigación, disminución de la calidad formativa, precarización docente y riesgo de que varias instituciones no puedan pagar salarios ni sostener sus operaciones regulares en 2026. Es momento de unirnos y defender el presupuesto para la educación superior y enfrentar este nuevo ataque a las universidades públicas y al pueblo ecuatoriano.

Referencias:

Ministerio de Economía y Finanzas. (2024). Proforma del Presupuesto General del Estado 2025. https://www.finanzas.gob.ec

Servicio de Rentas Internas. (2025). Boletín Técnico Anual 2024: Recaudación del IVA. https://www.sri.gob.ec

Servicio de Rentas Internas. (2025). Boletín de Recaudación del Impuesto a la Renta 2024. https://www.sri.gob.ec

Asamblea Nacional del Ecuador. (2025). Resolución de aprobación del Presupuesto General del Estado 2026. https://www.asambleanacional.gob.ec

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Proforma presupuestaria 2026. https://www.finanzas.gob.ec

Banco Central del Ecuador. (2024). Estadísticas fiscales y tributarias anuales. https://www.bce.fin.ec

Consejo de Educación Superior. (2024). Informe de financiamiento del sistema de educación superior 2023–2024. https://www.ces.gob.ec

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. (2024). Ejecución presupuestaria del sistema de educación superior. https://www.senescyt.gob.ec

Ministerio de Economía y Finanzas. (2024). Anexo de ingresos y egresos del Presupuesto General del Estado. https://www.finanzas.gob.ec

Servicio de Rentas Internas. (2024). Estadísticas generales de recaudación tributaria. https://www.sri.gob.ec

Banco Central del Ecuador. (2024). Reporte de Cuentas Nacionales 2024. https://www.bce.fin.ec

Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Informe de la Comisión de Régimen Económico sobre la proforma 2025. https://www.asambleanacional.gob.ec

Ministerio de Economía y Finanzas. (2023). Ejecución presupuestaria del PGE 2023. https://www.finanzas.gob.ec

Consejo de Educación Superior. (2023). Financiamiento y sostenibilidad del sistema universitario ecuatoriano. https://www.ces.gob.ec

Secretaría Nacional de Planificación. (2024). Informe macrofiscal 2024–2026. https://www.planificacion.gob.ec 

*Licenciado en Ciencias de la Educación, activista social y político.