Con el propósito de refrescar la memoria frente a la avalancha de medidas que han deteriorado el bienestar de la población, y ante el rechazo expresado por los sectores populares y el movimiento indígena, vale detenernos en una afirmación reciente del presidente Noboa. En una de sus breves intervenciones señaló: “No estamos reprimiendo, solo hacemos cumplir la ley”.
La pregunta es inevitable: ¿realmente cumple la ley, o estamos frente a un discurso que busca justificar la represión y la persecución de la protesta social?
Quién no cumple con la ley
– Consulta popular inconstitucional
Convoca a Asamblea Constituyente sin la autorización de la Corte Constitucional, contraviniendo los artículos 104 y 438. Es el propio mandatario quien rompe el orden legal, intentando distraer de la crisis provocada por la eliminación del subsidio al diésel, medida impuesta por el FMI. ¿No es esto un ejercicio de poder autoritario disfrazado de democracia?
– Minería contra la voluntad popular
Se otorgan licencias ambientales pese a consultas populares que rechazaron la minería, como en Quimsacocha. Se violan reiteradamente los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidos en los artículos 57 y 398 de la Constitución.
Leyes “económicas y urgentes” aprobadas por la mayoría gobiernista sin respeto a la Constitución:
– Ley de Integridad Pública: utilizada para despedir a más de 5.000 trabajadores, debilitando sectores estratégicos como salud y educación (arts. 28 y 32). Además, busca convertir a las cooperativas en bancos para favorecer a la gran banca, debilitando la economía popular y solidaria reconocida en la Constitución
– Ley de Inteligencia: vulnera el derecho a la privacidad ya la inviolabilidad de la información (art. 66,19) y legaliza fondos sin control para el Sistema de Inteligencia, contradiciendo los principios de transparencia (arts. 227 y 288).
– Ley de Solidaridad Nacional: erosiona garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Autoriza allanamientos sin orden judicial y blinda mediante el indulto a policías y militares frente a posibles abusos del uso de la fuerza. ¿Cuántos falsos positivos se darán? Estamos frente a una total indefensión.
– Ley de Fundaciones: coloca a las ONGs bajo sospecha pese a que estudios de la UAFE y el Banco Mundial concluyeron que el riesgo de lavado o financiamiento al terrorismo en este sector es bajo, es claro que hay una dedicatoria para las ONGs que incomoden al gobierno.
– Ley de Áreas Protegidas: abre la puerta a la privatización de la biodiversidad y su explotación económica bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, desconociendo el art. 405 de la Constitución que indica además de mandato de la protección las áreas protegidas que la rectoría y la regulación es ejercida por el Estado con la participación de las comunidades.
Quién paraliza los servicios públicos
Sin presupuesto no hay salud. La falta de recursos, medicinas y personal ha generado muertes que pudieron evitarse: bebés fallecidos por infecciones hospitalarias, pacientes renales sin diálisis, enfermos que mueren exigiendo atención. La responsabilidad es directa del gobierno de Noboa, que asfixia a un sector esencial.
Quiénes son los verdaderos terroristas
El narcoestado policial y militarizado carga con la desaparición y asesinato de los 4 niños de Las Malvinas, y con al menos 43 desaparecidos en esta “guerra interna”, la mayoría pobres y racializados. Se suma la criminalización de dirigentes sociales, la tortura en cárceles especialmente de los presos políticos.
Si esto no es terrorismo de Estado, ¿qué lo es?
Hoy, cuando el movimiento indígena y las organizaciones sociales convocan a un Paro Nacional, el gobierno pretende enarbolar la “defensa de la ley”.
La legitimidad de la lucha y la resistencia popular asiste a los pueblos y está respaldada por la Constitución.
✊ El Paro Nacional va porque va.
Indymedia Ecuador 