Hay fiesta en Colombia. El pueblo celebra un fallo histórico: la sentencia de culpabilidad contra Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Al fin ha sido condenado, aunque por el menor de sus crímenes. Aun así, este hecho alienta la esperanza de que la justicia empiece a alcanzar también a los de arriba.

Mientras en las calles se festeja, la derecha y los sectores afines a Uribe rechazan la decisión judicial y la califican de venganza política. Paradójico: cuando se trata de perseguir a sus enemigos, la justicia les parece incuestionable; pero cuando toca a uno de los suyos, entonces todo es “complot”.

Es fundamental señalar lo que representa Uribe en la historia reciente de Colombia. Fue la encarnación del proyecto paramilitar y del narco-latifundismo. Un operador clave de una burguesía rentista que se ha apropiado de los territorios mediante el despojo y la violencia contra los pueblos que los habitan.

Durante la llamada “democracia” colombiana, más de 120.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Más de la mitad de estos crímenes se atribuyen a grupos paramilitares que actuaron con la complicidad o tolerancia del Estado. Bajo el gobierno de Uribe (2002–2010), este fenómeno alcanzó su punto más alto, consolidando al paramilitarismo como fuerza de represión política, al tiempo que se perpetraban crímenes como los “falsos positivos”, con más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército.

Uribe fue pieza clave en las formas de intervención regional: tráfico de armas financiado con narcotráfico, y el envío de paramilitares a Centroamérica para combatir movimientos populares e insurreccionales en lucha. Incluso su entorno familiar ha estado directamente vinculado al narcotráfico: su cuñada y sobrina fueron testaferros del cartel de Sinaloa en Colombia, operando para el Chapo Guzmán.

En Colombia, el narcotráfico no ha sido enemigo del Estado, sino su socio. Ha servido como herramienta de tercerización del terrorismo, dirigido contra quienes se oponen al modelo de despojo. Lo que existe es un terrorismo de Estado y, por tanto, un terrorismo capitalista.

Uribe también encarna la expansión del militarismo. Ejemplo cercano es el bombardeo en la frontera ecuatoriana donde fueron asesinados miembros de las ex FARC, un acto de violación territorial que evidenció su doctrina de guerra preventiva en nombre del capital.

Su figura consolidó la fusión entre capitalismo rentista, narcopolítica y represión institucional. Por eso su condena trasciende lo individual: afecta a toda la clase oligárquica que ha secuestrado el aparato estatal colombiano (secuestro institucional que en Ecuador ya está sucediendo). Es la primera vez que un expresidente de Colombia es juzgado y condenado, y eso marca un precedente.
Frente a todo este historial de crímenes, represión y despojo, es legítima y necesaria la celebración de un pueblo que ha sido víctima de uno de los personajes más siniestros de la historia política colombiana y de la región.

Este viernes 1 de agosto se conocerá la duración de la condena. Desde Ecuador, nos unimos al festejo del pueblo colombiano. Las fronteras son mentales: somos un solo puño frente a una burguesía que arremete, saquea y mata con total impunidad, sin importar la geografía.

Que esta sentencia sea solo el comienzo de un proceso de justicia real, aunque tardía, para los pueblos, organizaciones y luchadores que resistieron durante décadas. Que se multipliquen las condenas contra quienes han construido su poder sobre la sangre y la miseria de las mayorías.

Estar del lado correcto de la historia es estar del lado de los oprimidos. La lucha organizada es el único camino para romper las cadenas de la oligarquía.

¡Vivan los pueblos que luchan!