El Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Pichincha, a través de su director, el Dr. Gonzalo Realpe R., ha expresado su enérgico rechazo a la candidatura a vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha de Diana Fernández León. En un anuncio oficial, Realpe manifestó que es «inaceptable que quienes participaron en violaciones de derechos humanos ahora busquen representar a la justicia».

El organismo denuncia que Fernández León lideró un procedimiento irregular en el caso de los 10 de Luluncoto, vulnerando los derechos humanos de los detenidos. Específicamente, se le acusa de fabricar pruebas para justificar la detención de los jóvenes. Además, se la señala por llevar a cabo detenciones arbitrarias, sin una orden judicial que las respaldara. Finalmente, el Observatorio la acusa de violar el debido proceso al no garantizar a los detenidos un juicio justo e imparcial. El Observatorio critica la prisión preventiva dictada contra los jóvenes y las condiciones inhumanas que sufrieron durante su encarcelamiento.

Recordemos que el caso de los «10 de Luluncoto», ocurrido en 2012 en Ecuador, involucró la detención de diez personas acusadas de terrorismo y sabotaje por la presunta colocación de bombas panfletarias. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por irregularidades que pusieron en duda su legitimidad. Organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, denunciaron la falta de pruebas contundentes, las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso, argumentando que el caso fue fabricado con fines políticos para silenciar la protesta social. Los detenidos sufrieron torturas psicológicas, se les negó atención médica adecuada y permanecieron en celdas de aislamiento durante largos periodos.

La candidatura de Fernández León, quien fue la fiscal a cargo del caso, reabre las heridas del pasado y genera indignación entre quienes defendieron los derechos humanos de los 10 de Luluncoto. Su participación en este proceso cuestionable pone en entredicho su idoneidad para ocupar un cargo de representación en el Colegio de Abogados de Pichincha, y plantea serias dudas sobre su compromiso con la ética profesional y el respeto a los derechos fundamentales. Permitir que alguien acusado de tales violaciones ocupe un puesto de liderazgo en el Colegio de Abogados de Pichincha enviaría un mensaje preocupante sobre la tolerancia del gremio hacia la impunidad y la falta de compromiso con la justicia.

El Observatorio de Derechos Humanos hace un llamado a los abogados de la provincia a «proteger la integridad del gremio y defender los principios de la profesión». La organización considera que la candidatura de Fernández León representa una amenaza para la ética y la justicia, y exhorta a la comunidad jurídica a pronunciarse sobre este grave asunto.