Quito, Ecuador – Hoy, activistas y organizaciones sociales se congregaron en un plantón frente a la Corte Nacional de Justicia para alzar su voz en defensa de seis campesinos de la provincia de Bolívar, injustamente condenados por su lucha contra la minería. Estos defensores del territorio, ahora conocidos como «Los 6 de Bolívar», fueron sentenciados a penas de prisión de 3 y 4 años en un proceso judicial sumario de apenas dos semanas, sin que se presentaran pruebas que justificaran tal condena.

La condena ha generado indignación y preocupación a nivel nacional, pues se considera un claro ejemplo de criminalización de la protesta social y la defensa del medio ambiente en Ecuador. Organizaciones denuncian que detrás de esta persecución judicial se encuentra la empresa minera Curimining S.A., operadora del proyecto minero Curipamba – El Domo, ubicado en el cantón Las Naves de la provincia de Bolívar. Este proyecto, que busca extraer cobre, oro y plata, cuenta con la inversión de las transnacionales mineras Silvercorp (China) y Salazar Resources (Canadá).

La demanda contra los campesinos fue interpuesta por Curimining, bajo acusaciones de «Violación a la propiedad privada» y «Asociación Ilícita». Sin embargo, los acusados son reconocidos agricultores y ganaderos de la zona, cuya única «asociación» ha sido la defensa de sus tierras y medios de vida frente a la amenaza de la minería. La defensa legal de los campesinos ha denunciado la falta de debido proceso y la fragilidad de las supuestas pruebas presentadas por la empresa minera, evidenciando una clara intención de amedrentar y desarticular la resistencia comunitaria al proyecto minero.

Un elemento que agrava aún más la situación es la participación del Grupo NOBIS como socio estratégico e inversionista en el proyecto Curipamba – El Domo. Este poderoso holding empresarial ecuatoriano, con intereses en diversos sectores económicos, pone de manifiesto un evidente conflicto de intereses, donde el poder económico y político se alían para favorecer la actividad minera, sin importar las consecuencias para las comunidades locales y el medio ambiente.

Los manifestantes en la Corte Nacional de Justicia exigieron la liberación inmediata de «Los 6 de Bolívar» y el cese de la criminalización contra los defensores del territorio en Ecuador. «No descansaremos hasta encontrar justicia para los compañeros de la provincia de Bolívar y todos los defensores del territorio criminalizados por defender la vida y el territorio en Ecuador», declararon los voceros de las organizaciones presentes en el plantón. Este caso se suma a una creciente lista de conflictos socioambientales en el país, donde la defensa de la naturaleza y los derechos colectivos se enfrenta a los intereses de poderosos grupos económicos, generando un clima de intimidación y persecución para quienes alzan su voz en defensa de sus comunidades