Ha pasado un año desde que se realizó la consulta popular sobre el Yasuní, donde la mayoría de los ecuatorianos (58.95%) votó a favor de mantener el crudo del ITT bajo el subsuelo. Sin embargo, a días de cumplirse el plazo de un año dictado por la Corte Constitucional para hacer efectivo el cierre del ITT-Bloque 43, que vence el 31 de agosto, el avance ha sido prácticamente nulo.

El único paso dado ha sido la creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT, integrado únicamente por delegados de los ministerios de Energía, Economía, Ambiente, Mujer y Derechos Humanos, y de Petroecuador. Este comité excluye a los principales actores involucrados en la defensa del Yasuní, como las organizaciones sociales ambientalistas y las nacionalidades indígenas, entre ellas los Waorani, quienes han estado en la primera línea de lucha.

La finalidad de este comité es «cumplir la voluntad popular respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el Bloque 43». Sin embargo, ¿qué significa realmente «retiro progresivo y ordenado»? La respuesta se encuentra en el informe presentado por el Gobierno a la Corte Constitucional el pasado martes 20 de agosto. Este documento revela que el cierre del ITT-Bloque 43 se llevará a cabo en cinco fases dentro del “Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono (CDA)”, con un plazo de 10 años, es decir, hasta agosto de 2034. Este extenso cronograma no es más que una burla a la voluntad popular, que una vez más ha sido ignorada y desacreditada.

El «Informe sobre Impactos, Puntos de Atención y Acciones Ejecutadas respecto al Cumplimiento de la Consulta Popular para el Cierre Anticipado de Operaciones y Abandono del Bloque 43 ITT» concluye que para mantener el crudo del ITT indefinidamente bajo el subsuelo, es necesario considerar los efectos sociales, ambientales, económicos y fiscales. En otras palabras, el pueblo puede expresar su voluntad en las urnas, pero es el gobierno quien decide si la cumple o no, condicionando su ejecución a criterios que pretenden deslegitimar el mandato popular.

Las cinco fases enumeradas en el informe son las siguientes:

1. Disposición gubernamental
2. Actualización del Plan de Abandono / Ambiental y aprobación del Ministerio de Ambiente
3. Estudios e ingeniería, y aprobación del plan de abandono por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
4. Ejecución del abandono
5. Entrega de áreas (incluye el fin del abandono del Bloque 43 ITT)

Lo fundamental radica en el cronograma establecido en función de las fases, iniciando en septiembre 2023 y se extiende hasta agosto 2034:

Fuente: Adaptación del gráfico presentado en el Informe sobre impactos, puntos de atención y acciones ejecutadas respecto al cumplimiento de la consulta popular para el cierre anticipado de operaciones y abandono del Bloque 43 ITT

Es sorprendente que el apagado, cierre y taponamiento de 246 pozos petroleros deba tomar cinco años. Este retraso parece ser una estrategia para dilatar el cumplimiento de la voluntad popular, ocultándose detrás de tecnicismos. Además, es importante recordar que durante su campaña electoral, el presidente Noboa prometió cumplir de inmediato con el mandato popular, afirmando que no veía una pérdida real en ingresos. Sin embargo, una vez en el poder, se ha hecho evidente que esta promesa fue solo otra falacia más.